Eva González llevaba años intentando atraer la atención mediática sin conseguirlo, desde que en 2014 una charla con su marido en la cocina de su casa le animara a defender a casi 200 familias que sentían que el Estado estaba cometiendo una injusticia con ellos, al reclamarles la devolución de unas ayudas para la guardería a las que tenían pleno derecho. En 2018 finalmente logró que el noticiero Nieuwsuur de la NOS informara sobre su caso, entrevistándola a ella y a una de las familias afectadas. Otros medios como el periódico Trouw y RTL Nieuws ya no le perdieron la pista, y el escándalo fue haciéndose cada vez mayor y más visible hasta provocar la caída del último Gobierno neerlandés en febrero de este año. Esta abogada de oficio, nacida en el pueblo cacereño de San Martín de Trevejo, lleva más de dos décadas defendiendo los intereses laborales de aquellos que no suelen aparecer en los medios de comunicación, además de trabajar para el GGZ (Organismo municipal de atención a la salud mental). A pesar de su notoriedad y del poco tiempo que le queda para su familia y sus otros clientes, Eva mantiene intacto el entusiasmo por su trabajo y una gran amabilidad y cercanía. Luchadora y paciente, extrovertida y cautelosa, la lección de ética que ha dado con su tesón por denunciar una injusticia de enormes proporciones ha traspasado fronteras, límites que ella desconoce, como ciudadana del mundo que se siente. Gaceta Holandesa tuvo la ocasión de charlar con ella una mañana del pasado mes de marzo, en la cocina de su casa donde empezó toda esta historia.
Usted dice que este caso le llegó por casualidad, ¿ha sido cosa del azar que este escándalo saliera a la luz?
De alguna manera sí. Las familias a las que la Agencia Tributaria empezó a enviarles cartas reclamándoles la devolución del dinero se quejaron, pero no podían ir más allá, porque para los procedimientos preliminares contra Hacienda, los que no van a juicio, el Estado no tiene la obligación de facilitar un abogado de oficio al demandante. Así que nadie lo paga. Los clientes de estas guarderías no podían asumir los gastos de contratar a uno para resolverles este problema mientras tenían que desembolsar la cantidad que les pedían. Por eso fue casualidad que estas familias afectadas se lo contaran a mi marido, el propietario de la guardería, quien a su vez me pidió que les ayudara en mi tiempo libre. Así lo hice al principio, las familias me dieron un adelanto que yo después les devolví cuando ya fuimos a juicio y el Estado corrió a cargo de los costes por mis servicios. Pero esto indica lo difícil que era para las familias destapar un entramado así.
¿Recuerda un momento en el que el caso diera un giro inesperado y esencial para llegar hasta donde ha llegado?
Yo llevaba desde 2014 trabajando en él y estaba acostumbrada a que el Belastingdienst -la Agencia Tributaria holandesa- me enviara dosieres «pelados» de información acerca de estas familias. Hasta que en 2016, no sé si por error o a propósito, me enviaron un dosier mucho más completo de lo habitual, con datos muy extraños. Vi por primera vez la palabra CAF11 y a su lado ponía «Hawai». Creo que por accidente, no estoy segura porque todavía no sé cómo me llegó, recibí el dosier interno que Hacienda tenía de mi demanda. Y fue cuando me di cuenta de que hasta entonces me habían estado enviando datos e información incompleta, algo que es ilegal en un procedimiento judicial contra el Estado. Nuestro caso aparecía con el nombre de Hawai en una de las listas negras y confidenciales que ya desde 2006 Hacienda guardaba para etiquetar a las personas que ellos creían que eran posibles defraudadores. Precisamente hace unas semanas RTL Nieuws publicó estos 3.000 documentos . Uno de los funcionarios se dedicó a clasificar a las guarderías como la de mi marido, donde estaban las familias que Hacienda quería controlar, utilizando hasta 170 nombres distintos, siempre de países exóticos. En ese momento no se les clasificaba por su nacionalidad, pero sí se les estaba discriminando al incluirlos en listas ocultas para el resto y sin su consentimiento. Y esta forma de trabajar existía ya desde 2006, muchos años antes del llamado fraude de los búlgaros en 2013, por lo que esa excusa que dan desde Hacienda sencillamente no vale.
El otro giro importante fue cuando este funcionario de los nombre exóticos, en una reunión, le mostró a mi marido un listado con casi 300 familias que según Hacienda eran clientes de su guardería. Al verlo, él le dijo que no tenía tantos clientes y que había que ir uno por uno para verificar, con sus DNIs, quienes eran y quienes no. Como mi marido llevaba tiempo desconfiando de ellos, puso a grabar la conversación con su móvil. Juntos comprobaron que había 70 familias que no eran clientes de su guardería. Y en ese momento mi marido vio que en el documento excel de este señor, junto al número de DNI, aparecían las palabras «turco» y «marroquí». Después mi marido contactó con la Autoridad de Protección de los Datos Personales para denunciar esto, ya que desde 2014 está prohibido por ley clasificar a los ciudadanos por su segunda nacionalidad. No nos atendían las quejas pero nosotros seguimos adelante, les llevamos a juicio, hemos peleado mucho, hasta que finalmente en junio de 2020 este organismo nos dio la razón y aseguró que se había producido discriminación.
Eva González, en un momento de la entrevista, en su casa de Eindhoven. Foto: Alicia Fernández Solla
¿Tuvo gente que le ayudó dentro del Belastingdienst?
Sí, a lo largo de todos estos años me he encontrado con mucha gente que ha colaborado y que me ha ayudado mucho. El envío de ese dosier interno, si fue intencionado, provino de alguien que quería ayudarme. También recuerdo una vez en la que les llamé y les pregunté cómo era posible que no me mandaran nigún registro de todas las llamadas que les hacían mis clientes con sus quejas. Yo sabía que habían sido muy insistentes pero no tenía prueba de ello. Uno de los funcionarios lo buscó y me dijo que sí, que estaban todas registradas. Y me las mandó. Esa persona también me ayudó desde dentro. Al mismo tiempo logré el apoyo del Defensor del Pueblo, en 2016, y un año después publicó su informe Geen Powerplay maar Fairplay. Él pensó que entonces ya estaba el asunto resuelto, pero la realidad es que no había hecho más que empezar.
Fue entonces cuando usted contactó con Pieter Omtzigt, el diputado del CDA que le apoyó desde el Congreso. ¿Por qué él y no otro?
Quise contactarle a él porque Omtzigt ya había cuestionado el método de trabajo de la Agencia Tributaria en otras ocasiones en sus preguntas al Gobierno, y porque me parecía que era un político idenpendiente dentro de su partido, que se mantenía crítico con el Gabinete aunque su partido formara parte de él. Y eso me parecía muy importante. Busqué su email en la web del Congreso y pasé horas redactando el texto, no estaba segura de lo que escribirle porque no le conocía de nada. Finalmente a las doce menos diez de la noche lo envié. Cuál fue mi sorpresa cuando diez minutos más tarde me contestó diciendo que había seguido mis casos y que quería que le contara todo con más detalle. Al día siguiente mi hija tenía el examen de español de ALCE en La Haya- cursos de español de la Embajada para los hijos de españoles residentes- así que le propuse quedar mientras ella se examinaba. Hablamos largo rato y desde entonces se ha involucrado mucho. Según Omtzigt, en la Agencia Tributaria existe una «capa de arcilla» porosa pero infranqueable de altos funcionarios que abusan de su poder, están acostumbrados a hacer lo que quieren, a decidir lo que les interesa, sin que nadie, ningún contrapoder, les pare los pies.
La implicación de este diputado ha sido determinante para conseguir que se creara la comisión independiente ante la que tuvieron que comparecer altos cargos como el primer ministro Mark Rutte. ¿Le pilló por sorpresa la dimisión del anterior Gobierno? ¿Qué significa para usted?
No me pilló por sorpresa porque creo que si no hubiese dimitido, unas semanas después el Congreso habría aprobado una moción de censura. El informe de la comisión fue claro. Así que se fueron antes de que les echaran. Ha sido una dimisión simbólica e inteligente por la que Rutte no ha salido nada perjudicado, como hemos visto más tarde. Y es que entre los votantes de Rutte apenas hay familias afectadas por este escándalo, a él todo esto no le iba a pasar factura políticamente tanto como a otros líderes que sí han podido sentir que les han fallado a sus votantes. Esta dimisión no significa mucho para mí, es política, y como abogada mi trabajo va en otra dirección. Lo que sí he dicho en varias ocasiones es que ha servido para demostrar que la democracia funciona, que el contrapoder existe. Pero pasada la disculpa del Gobierno, vemos de nuevo cómo toda esta «capa de arcilla» formada por altos funcionarios vuelven a sentirse con la fuerza de contraatacar. Siguen rebotados, ya están otra vez dejándose querer, sin contestar a mis últimas quejas y ocultando documentos al juez. Y yo seguiré hasta que a los 42 clientes que me quedan – de 195- se les indemnice como es debido.
Foto: Alicia Fermández Solla
¿Qué queda por resolver?
Siguen saliendo noticias todas las semanas sobre este escándalo, con más y más personas afectadas. Cuarenta de mis clientes no están conformes con la indemnización que se les ha ofrecido, piden una indemnización inmaterial, porque no se trata solo de devolverles el dinero que es suyo, el que tuvieron que pagar al ser acusados de fraude, sino de compensarles por todos los gastos adicionales y los perjuicios emocionales que la situación les ha provocado. Y es que todos estos años Hacienda les ha puesto entre la espada y la pared sin darles una explicación, lo cual es inaceptable. Mis clientes entregaban toda la información que se les pedía pero cuando les respondían que estaba incompleta ellos preguntaban qué debían hacer para completarla y nadie les respondía a eso, sencillamente decían que presentaran una nueva queja.
La primera compensación la recibieron en diciembre de 2019, que incluía la devolución de su dinero, un 25% más en daños y prejuicios más 500 euros por cada año en los que Hacienda no respondió a sus quejas. Pero queda mucho más pendiente. Hace una par de semanas, el ministerio de Finanzas respondió a las preguntas de Omtzigt en el Congreso con un listado de todas las leyes y normativas que Hacienda se ha saltado en estos 7 años, con 12 puntos en los que se describen procedimientos donde no han respondido de acuerdo a la ley.
¿Cómo ha vivido usted todos estos años? ¿ha sido duro en cuanto a la carga laboral?
No realmente, he tenido que ir priorizando los casos hasta dedicarme exlusivamente a esto y a los casos del GGZ. Pero no ha sido duro ni estresante, es mi trabajo, sin más. Cuando se cerraba una puerta se abría otra y he sentido mucho apoyo. Cada caso ganado era un estímulo para seguir adelante. Las familias afectadas dependen de nosotros los abogados, de nuestra ayuda. Y todas están muy agradecidas. Siempre he creído que cuanto más das más tienes. En los momentos complicados he conseguido mantenerme tranquila porque he estado convencida de que tenemos a la Justicia de nuestro lado, de que yo estoy haciendo lo que debo. Pero todavía no hemos terminado, para nada.
Usted trabaja desde hace más de 20 años como abogada de oficio en derecho laboral, ¿qué opinión tiene del sistema laboral de Holanda?
En Holanda se hace una diferenciación muy grande entre el trabajador cualificado y el que no lo está. Esta desigualdad es cada vez mayor. Mis clientes son personas que lo están pasando mal, casi siempre son olvidados del sistema, nadie se ocupa de ellos. Con el caso de las ayudas a las guarderías se puede decir que los hemos pillado, el Gobierno ya no puede disimular que no existe esta injusticia, que es más grave aún de lo que creíamos, al demostrar que se trata en su mayoría de familias con apellido turco, marroquí o antillano, categorizados por Hacienda por su nacionalidad.
En su entrevista al periódico Trouw decía usted que este país no es el que sus padres se encontraron cuando llegaron aquí en 1973, ¿a qué se refería?
Siento que la sociedad se ha vuelto más dura, menos acogedora. Cuando mis padres emigraron a Eindhoven, conocieron familias holandesas que les ayudaron a instalarse. Los dos trabajaban en la fábrica de Philips. Entre semana, en la pausa para comer, mi madre se sentaba con amigas y compañeras holandesas, y los fines de semana y en los días de fiesta frecuéntabamos el centro español. No era una cosa o la otra, mis padres se integraron sin dejar de ser españoles. Creo que ahora este proceso es más difícil para los extranjeros que vienen aquí, realmente lo creo.
¿Por qué emigraron sus padres de Cáceres a Eindhoven?
Buscaban una vida mejor. Ellos son de un pueblo de Cáceres y de esa zona mucha gente se fue a trabajar Suiza y a otros países de Europa. Mi padre se fue primero, y estuvo viviendo en un campamento para trabajadores de Philips, hasta que llegó mi madre conmigo. Yo tenía dos años y me crie sin hermanos, con canguros y personas que me cuidaban mientras mis padres trabajaban.
Una de las calles del barrio en el que se crio Eva González, a las afueras de Eindhoven. Foto: Alicia Feranández Solla
¿Cómo fue su infancia?
En mi clase del colegio (primaria) éramos muchos niños inmigrantes pero yo era la única española, solía jugar con los niños del barrio, vivíamos en una zona de viviendas de Philips. En el centro español conocí a dos niñas españolas como yo y nos hicimos muy buenas amigas. Una de ellas también estudió derecho y ahora es jurista. Tuve una infancia feliz.
No fue tan fácil para usted estudiar una carrera, ¿por qué?
Cuando terminé la primaria me mandaron estudiar al nivel más bajo de lo que ahora es Mavo, se llamaba Huishuidschool (escuela de Tareas Domésticas). Yo era muy buena estudiante, pero aún así a mis padres les dijeron que debía estudiar allí. Recuerdo a mi padre molestarse cuando al llegar del trabajo yo le enseñé una tarta que me habían enseñado a cocinar. «Tú ahí no tienes que estar», me decía, pero por otro lado se fiaba de lo que los profesores les aconsejaban para mí. Después de terminar Mavo fui a Havo, y de ahí a Vwo para entonces acceder a la universidad. Me llevó dos años más que al resto llegar al nivel que me correspondía y poder estudiar una carrera. A los hijos de padres extranjeros nos solía pasar esto. Todavía sigue pasando lo mismo, se les exige mucho más. Y no sé muy bien por qué, pero la sensación que tengo, también ahora con mi hija, es la de estar peleando contra algo que no sé definir qué es. Yo logré estudiar Derecho, y elegí esta profesión porque entonces se decía que Medicina y Derecho eran buenos estudios que aseguraban un buen futuro.
Su caso sobre las ayudas a la guardería muestra una categorización sistemática de la población según su nacionalidad que enraiza con esto que cuenta sobre la educación…
Prefiero no sacar conclusiones sin datos feacientes que lo confirmen. En el caso de las ayudas, no quise hablar de discriminación social hasta que los documentos de Hacienda no lo mostraron de forma evidente. Mi marido es de origen turco y todas las familias afectadas de su guardería tienen al menos uno de los padres que también lo es. Pero, como abogada, lo primero que yo tenía que hacer ver era la injusticia que se había cometido con ellos al acusarles de un fraude que no habían cometido. Si hubiese empezado denunciando discriminación no me habrían escuchado. No puedo hablar por las 26.000 familias, pero de los que a mí me han contactado no había ningún solicitante de estas ayudas con apellido neerlandés.
En su casa sus hijos conviven con tres nacionalidades, la española, la turca y la holandesa. ¿Cómo se sienten?
Tenemos una gran riqueza cultural, celebramos muchas fiestas (ríe). Llevamos 25 años yendo en verano a los dos países: tres semanas a España y tres semanas a Turquía. Ellos han sabido coger lo mejor de cada identidad y viven muy a gusto así, con buenos amigos y en un colegio y un entorno muy favorable para ellos. En casa nos sentimos de todas partes, somos camaleónicos. Ante todo nos sentimos personas, no hacemos diferencias por venir de un país o de otro. Como nosotros hay muchas otras familias, la sociedad holandesa es muy diversa y multiracial por mucho que otros se empeñen en decir lo contrario. Es gracias a los que no ven estas diferencias, a los que persiguen la igualdad de derechos y la protección de las víctimas, que ahora la sociedad es más abierta y casos como este salen adelante, a pesar de la discriminación que todavía existe a nivel institucional.
Esta entrevista ha sido realizada días antes de la crisis política que ha estallado en el Congreso tras revelarse las notas de las ojeadoras durante el proceso de negociación de la nueva coalición de Gobierno. En ellas aparecía el diputado Pieter Omtzigt junto a la mención, «posición en otra parte».
