Antes de que la pandemia trastocara nuestras vidas, la idiosincrasia de los Países Bajos venía desde hace décadas marcada por los mismos rasgos que hacen de este pequeño pedazo de territorio el país que es. Desde el puzle del ordenamiento territorial, con el problema de la vivienda como talón de Aquiles, hasta la inmigración y la integración social, que protagonizan la paradoja de un país abierto pero no del todo, los temas que protagonizan todos los programas electorales de los partidos políticos no son nuevos. Pero su aproximación general, sí lo es. El próximo 17 de marzo se celebran elecciones generales, y los 89 partidos políticos que concurren en ellas -un récord histórico- han diseñado hojas de ruta que muestran los problemas y anhelos de la sociedad holandesa, lo que funciona y lo que no, según el prisma de cada uno de ellos. La diferencia respecto de años anteriores es que, por primera vez, según coinciden en señalar todos los analistas políticos, hay un claro giro a la izquierda de los partidos más conservadores, seguramente influido por la pandemia. Holanda quiere volver a ser ese país del norte que garantiza beneficios sociales a sus ciudadanos sin pedirles mucho a cambio, eso sí, manteniendo su pragmatismo político y defendiendo una economía liberal que le permita seguir creciendo como potencia económica a nivel internacional. Para los ciudadanos de a pie, las grandes promesas pre electorales se traducen en varios retos colectivos que afectarán nuestras vidas en mayor o menor medida en los próximos años. Se avecinan cambios en el modelo educativo; en la seguridad laboral de los profesionales autónomos; en las medidas para frenar el cambio climático; en el acceso a la vivienda y en la política migratoria. Analizamos los asuntos que marcarán la agenda política de los próximos meses, todos ellos afectados por la crisis del coronavirus, en un 2021 que arranca con el adjetivo de «esperanzador».

«El progresismo social siempre ha estado presente en la sociedad y en la política holandesa pero lleva años olvidado debido a la resistencia de los partidos neoliberales. Eso está cambiando» explica Henk Te Velde, catedrático de Historia de los Países Bajos en la universidad de Leiden y miembro de la Real Academia neerlandesa de las Ciencias. Según explica Te Velde, incluso el partido de ultraderecha de Pim Fortyun, en 2002, ya abogaba por una ideología de cultura ultraconservadora combinada con una pata social muy fuerte: «hace una década que Holanda se ha ido tornando más populista y liberal a la vez, siguiendo el modelo anglosajón, y el giro actual puede ser una reacción a esa tendencia, impulsado por la pandemia, que ha demostrado que la sociedad no puede funcionar sin Estado» argumenta Te Velde. En su análisis de los programas electorales, el periódico NRC detalla cómo los partidos tradicionalmente conservadores, los democristianos del CDA y el VVD de Mark Rutte, han constatado que el capitalismo ya no funciona tan bien para todos: «durante la lucha liberal contra un Estado demasiado grande y condescendiente, en ciertas ocasiones algunos actores privados han acumulado demasiado poder», según puede leerse en el programa electoral del VVD.

Por primera vez, de un lado al otro del espectro político se habla de un aumento del salario mínimo, de una mayor protección para los empresarios autónomos y de beneficios sociales que no estén sujetos a «toeslagen» o créditos deducibles fiscalmente. El escándalo por la mala gestión del subsidio a las guarderías, por el cual entre 2017 y 2020 miles de familias fueron culpadas por Hacienda de recibir más dinero del que deberían, un fraude que no habían cometido y que provocó graves problemas financieros hasta que se descubrió el error, ha terminado por convencer a los partidos más escépticos de que las ayudas sociales deben administrarse de otra manera, más sencilla y coordinada. En esta misma línea, el agujero de alrededor de mil millones de euros que deja en las arcas del Estado el actual sistema de créditos para los estudiantes es motivo suficiente para que todos los partidos, excepto el VVD, aboguen por una vuelta a las becas universales, tal y como existían antes de la reforma de 2015. Actualmente, los estudiantes mayores de 18 años reciben un subsidio o crédito de hasta cinco veces el coste de la matrícula habitual – con un máximo de 10.415 euros al año – que deben empezar a devolver dos años después de finalizar sus estudios. El plazo es de hasta 35 años, tras el cual el remanente a pagar se condona. Por último, para la población que sufre algún tipo de discapacidad, de nuevo la mayor parte de partidos políticos apuestan por una vuelta a los llamados «talleres sociales» (sociale werkplaatsen), donde las personas que lo tienen más difícil para incorporarse al mercado laboral encuentren apoyo estatal para realizarse profesionalmente e independizarse económicamente. Esto es algo que desapareció en 2015 cuando el Gobierno de coalición liberal/socialista aprobó una reforma para integrar a las personas con discapacidad en el mercado laboral a través de beneficios fiscales a empresas que favorezcan su contratación, una medida que, aunque positiva, no llega a sustituir plenamente la función de estas instituciones locales destinadas específicamente a este colectivo.

En definitiva, la tendencia general es la de cargar menos a los ciudadanos con el papeleo que supone solicitar todas estas ayudas, aumentando su poder adquisitivo a través de un incremento del salario mínimo y ofreciendo servicios gratuitos, o casi, de guardería o cuidado a los dependientes. En este sentido, parece que todos los partidos han querido adoptar un tono más protector e incluso paternalista, con la sorprendente declaración de algunos liberales como el VVD: «en lugar de reducir el rol del Gobierno, en los próximos años necesitamos un Gobierno activo y fuerte para que nos proteja y mantenga a nuestra economía y a nuestra sociedad igualitaria y saludable». Para Henk te Velde, las promesas electorales hay que tomarlas como lo que son, una declaración de intenciones que pueden distar mucho de la práctica. «Es típico de Holanda el promover cambios para después intentar que estos no se produzcan de manera brusca, porque casi nunca acabamos teniendo un Gobierno muy de izquierdas o muy de derechas, debido a la política de consenso que impera».

Más seguridad laboral y una mejor educación

Si bien estudios recientes sitúan a los estudiantes holandeses de diez años en la media entre 64 países analizados en asignaturas como Ciencias o Matemáticas (Rekenwerk op basisschool beter, meisjes blijven achter | NOS), el estado general del sector educativo lleva años siendo preocupante. Según el último informe del ministerio de Educación publicado en 2018, el rendimiento de los alumnos de educación primaria disminuye año tras año desde hace dos décadas, mientras la desigualdad de oportunidades y la disparidad entre la calidad educativa de las escuelas no deja de aumentar. Además, aquellos niños con altas capacidades desarrollan menos su potencial de lo que deberían. Sin embargo, a pesar de que el nivel educativo baja, cuando finalizan sus estudios, los alumnos suelen encontrar un empleo fácilmente, sobre todo aquellos que realizan una formación profesional y no académica. La segregación era en 2018, y sigue siendo hoy, el principal problema. Las oportunidades de estudiar una carrera universitaria dependen en gran medida del nivel educativo de los padres, según constata el informe. En los colegios de primaria, la diferencia en la calidad de la educación viene marcada principalmente por el nivel educativo de los padres y porque la mayor parte de las familias eligen llevar a sus hijos al colegio del barrio, el más cercano, donde suelen ir también los hijos de los vecinos, con quienes suelen compartir un mismo nivel socio-económico y cultural. Según el Consejo de Educación, a la cercanía del colegio se suma otro factor que puede ser decisivo para los padres y que marca una segregación mayor: los colegios que favorecen la pertenencia a un grupo pequeño, según la religión (colegios islámicos, judíos, hindustanes, por ejemplo) o un sistema educativo muy minoritario, como en algunos municipios pueden ser las escuelas antroposóficas. Holanda cuenta con una amplia oferta escolar y el currículum que establece el Gobierno es tan amplio que todos ellos pueden adaptarlo según sus directrices e ideología. Los colegios más inclusivos son, según el Consejo, aquellos que atraen a niños de diferentes barrios de la ciudad por otras razones distintas a la religión o la cercanía, ya sea porque ofrecen un programa educativo tradicional y menos ortodoxo, como los Montessori, o porque son grandes colegios, públicos, protestantes o católicos, con una aproximación ideológica abierta y buenos resultados académicos.

En la educación secundaria, el factor que provoca la segregación vuelve a ser el nivel educativo de los padres. «En los años sesenta, la sociedad holandesa se dividía en los llamados pilares sociales (zuilen), los católicos con los católicos, los protestantes con los protestantes, etc. esa segregación ahora ya no existe y ha sido sustituida por una división entre los cualificados (hogeopgeleid) y los no cualificados (lageopgeleid). Este nivel educativo que ahora clasifica a los holandeses en distintas clases sociales hace que para a un chaval que procede de una familia de bajos estudios sea más difícil acceder a una carrera de reconocido prestigio» explica Henk te Velde. Con los efectos negativos de los confinamientos de 2020 a la espalda y el descontento general del profesorado, que lleva años reclamando una mejora de sus condiciones laborales, Holanda tendrá que emplearse muy a fondo para recuperar la calidad de su sistema de enseñanza, el cual, tal y como recuerda Te Velde, ya en 1900 garantizaba la educación básica universal y obligatoria por ley.

Esta precariedad laboral no es algo exclusivo de los maestros. Con un número cada vez mayor de profesionales autónomos y una flexibilidad laboral que no ofrece seguridad financiera ni protección laboral a largo plazo, todos los partidos políticos coinciden en que hay que hacer algo antes de que sea demasiado tarde. De izquierda a derecha del arco parlamentario existe el consenso en que «la diferencia entre un contrato temporal y uno fijo es demasiado grande» y en que es necesario construir una red de seguridad para autónomos y trabajadores temporales, según explica la analista política de NRC. Los partidos se basan en las conclusiones del informe elaborado por la comisión Borstlap en 2019 donde se analiza el estado actual del mercado de trabajo en Holanda, aplicando cada uno estas recomendaciones según su tendencia política. El informe arranca alabando el pleno empleo que existe en el país y el alto nivel de ingresos que obtienen de media los trabajadores en Holanda, en comparación con otros países de la OCDE. Pero continúa destacando el aumento excepcional del trabajo «no estándar», flexible y autónomo: uno de cada cinco empleados tiene un contrato temporal – hace menos de dos décadas era uno de cada ocho – el doble que la media de los países de la OCDE. Además, sólo cuatro de estos países han experimentado un fuerte crecimiento del número de autónomos en los últimos veinte años. De ellos, Holanda es el que registra el aumento más rápido. El informe advierte que, si bien esta flexibilidad puede beneficiar en determinadas circunstancias tanto al trabajador como al empleador, a largo plazo, un mercado laboral con un alto porcentaje de trabajo «no estándar» no está asociado ni con más empleo, ni con una mayor productividad. Y concluye: «Holanda se encuentra en un punto de inflexión y se deben tomar decisiones urgentes sobre el tipo de mercado de trabajo que queremos en el futuro. Si no se reducen las diferencias en el pago de los impuestos ni en la protección social y la regulación sobre las formas de contratación se sigue estrechando, la segmentación del mercado laboral holandés empeorará y podrá alcanzar un punto de no retorno. Si más trabajadores y empleadores se siguen beneficiando de privilegios fiscales, será cada vez más difícil revertir esta situación».

¿Cuántos cabemos en Holanda?

Según cifras del Centro Nacional de Estadística (CBS), desde el año 2000 el número de personas que han inmigrado a Países Bajos se ha duplicado, de 132.850 a 269.064 en 2019. El de aquellos que han decidido abandonar el país también ha ido aumentando al mismo ritmo, doblándose en apenas dos décadas. Se puede decir que la migración forma parte del ADN del país, pero sólo en los últimos años lo es de la agenda política. «Holanda siempre ha tenido la impresión de ser un país que acoge porque, pragmáticamente hablando, es lo que más le ha convenido» explica Henk Te Velde, «pero ahí tenemos a los judíos alemanes que no fueron bienvenidos en Holanda antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial; a los molucos y a los inmigrantes que venían a trabajar aquí, primero desde España e Italia y después de Turquía y Marruecos. Es un problema que no nos hemos preocupado en analizar con profundidad, porque siempre hemos considerado que lo estábamos haciendo fantásticamente bien, mucho mejor que Bélgica o que Francia». La inmigración entró en el debate político con el cambio de siglo y tuvo su punto álgido en las pasadas elecciones de 2016, donde fue el principal asunto sobre el cual giró la campaña electoral. En este 2021 parece que, si bien sigue siendo el espinoso asunto que enfrenta a partidos de distintas ideologías, no debería ser un escollo insuperable para la formación de Gobierno gracias a un mayor consenso, de partida, en otros temas que la pandemia ha puesto por delante, como la protección social, la recuperación económica o la transformación energética.

Regulación laboral de los trabajadores temporales en sectores como el logístico o el agrícola y cuotas para la entrada de inmigrantes y demandantes de asilo se suceden en distinta medida en todos los programas electorales. El VVD es el más restrictivo de todos ellos, llegando a plantear la eliminación del derecho de asilo. Para la joven diputada del VVD, Bente Becker, cuarta en la lista del partido de Rutte y portavoz del partido en temas de asilo e inmigración, «tienes que ganarte tu sitio en Holanda» porque «acoger es un favor que el país hace, no un derecho que debe conceder» (Página 10 del programa electoral). En el polo opuesto se sitúan los verdes de GroenLinks, los socialistas del PvDA e incluso los centristas del D66, quienes apuestan por aumentar el número de refugiados que Holanda debería acoger: este último quiere aumentar de 500 a 5.000 los refugiados que podrían instalarse en Holanda procedentes de campos de Naciones Unidas. Para aquellos que quieran quedarse a vivir en el país, la cuestión del «inburgering», el curso de integración obligatoria para los ciudadanos de fuera de la UE que quieran establecerse en Holanda, sigue levantando ampollas. Mientras el VVD quiere endurecer las condiciones para obtener el aprobado – por ejemplo, que sólo puedan mudarse de un centro de acogida a una vivida social aquellas que lo finalicen – los partidos de izquierda prefieren que este curso, cuyo coste supera los mil euros por persona, deje de ser gestionado por academias particulares y vuelva a ser competencia del Estado. Cuestionado en mayor o menor medida, el curso de integración implementado en 2007 no tiene visos de desaparecer. Según declara al periódico Trouw Leo Lucassen, director del Instituto Internacional de Estudios Sociales, endurecer el curso de integración «coloca a las personas bajo un régimen condesciente y punitivo reconociéndolas como ciudadanos de pleno derecho sólo cuando hayan demostrado que dominan nuestros valores». Lucassen aclara que si bien los políticos se centran en las personas solicitantes de asilo y en la inmigración irregular, «la mayor parte de las miles de personas que se establecen o que se van de aquí cada mes son una mezcla de holandeses, estudiantes extranjeros y algunos europeos con estudios superiores de países vecinos y también de otros continentes».

Para quedarse, para establecerse, hace falta un trabajo y una casa. Por increíble que parezca, esta última es más difícil de encontrar que un empleo. Si las previsiones del Centro Nacional de Estadística se cumplen, el crecimiento demográfico seguirá avanzando, aunque más lentamente que en las últimas décadas. De cara a 2070, Holanda podría contar con algo más de 20 millones de habitantes, tres millones más que ahora, la misma diferencia de población que separa 2020 de 1980. La esperanza de vida y la inmigración son los motivos principales que explican este crecimiento incesante y que este año de pandemia se ha frenado en seco. En 2020, la población en Holanda ha crecido la mitad de lo esperado ya que la mortalidad ha sido mayor y la inmigración menor. Encontrar una casa ya es una odisea, y el problema no hará sino empeorar. En un país donde el ordenamiento urbano está calculado al milímetro, cada hectárea que se da a la vivienda se quita de otra cosa. Y también necesitamos infraestructuras, espacios naturales y explotación agrícola. «Hay pocos países en el mundo donde esto se regule como aquí, durante siglos y siglos» detalla Henk Te Velde. Las promesas electorales en este sentido suenan cuanto menos idealistas, con un millón de viviendas nuevas en los próximos diez años. En 2019 se construyeron en el país 71.548. La cuestión es ¿dónde? Mientras partidos como el CDA apuestan por la construcción de nuevas ciudades – como en su día fueron Almere o Lelystad -, otros como el Partido animalista (Partij voor de Dieren) creen que la solución está en el campo, en quitar hectáreas agrícolas, a ser posible de producciones ganaderas, con lo que de paso se atajaría el problema de las emisiones contaminantes de dióxido de nitrógeno (stikstof). Lo que nos lleva al tema del clima.

Algunos partidos políticos apuestan por construir un millón de viviendas nuevas en los próximos diez años. Foto: Susana Aparicio Lardiés

El clima, nuevo protagonista

También en lo que a cambio climático se refiere, los Países Bajos han creído ser los primeros de la clase, tal y como asegura Henk Te Velde. Su profundo conocimiento en la gestión del agua y la prevención de las inundaciones por localizarse bajo el nivel del mar le han convertido en expertos mundiales en la materia. Esto, junto con una búsqueda constante de la eficiencia para abastecer de energía a la primera economía de Europa y la cuarta del mundo y a los millones de hogares de uno de los países más densamente poblados, llevaron a Holanda a considerarse lista para liderar la respuesta comunitaria de la UE a este reto global, un año después de alcanzarse los Acuerdos de París en 2015. Pero mientras esto ocurría, el cielo holandés seguía contaminándose de dióxido de nitrógeno en niveles superiores a lo exigido por la UE (40 microgramos por metro cúbico) y las emisiones de CO2 le situaban en el séptimo lugar en el ránking europeo, sólo por detrás de países con más del doble de población y de superficie mucho mayor. «Según cifras oficiales, entre finales de 2018 y finales de 2020, Holanda tendría que haber emitido 23 megatoneladas menos de CO2. Si tenemos en cuenta que la última vez que pasó esto se tardó veinte años, conseguirlo en dos años sería todo un logro» explicó el pasado 12 de marzo en una entrevista a Gaceta Holandesa Mirjam Minnesma, fundadora de Urgenda, la ONG que hace un año venció al Gobierno holandés en un juicio histórico y por el cual el país debería emitir, a 31 de diciembre de 2020, un 25% menos de gases de efecto invernadero que en 1990. Recién estrenado el 2021, el Gobierno holandés ha incumplido la sentencia, incluso después de los tímidos efectos favorables que ha tenido la pandemia en la reducción de las emisiones (un 4.5% menos de emisiones en el tercer trimestre de 2020 respecto del año anterior). Al mismo tiempo, Amigos de la Tierra (Milieudefensie) protagoniza otro juicio sin precedentes, en esta ocasión contra la petrolera Shell, a la que denuncian por no haber hecho lo suficiente para combatir los efectos del cambio climático a pesar de haber estado al corriente del daño que sus actividades causaban al medio ambiente durante décadas. Se está cociendo mucho en este sentido en Holanda y los partidos políticos, principalmente los más conservadores, no podían seguir desoyendo este enorme problema global. Todos ellos, sin excepción, incorporan el clima en sus programas electorales, adhiriéndose a las exigencias que se desprenden de la Ley del Clima aprobada en 2019, cada uno con medidas diferentes para acometer los objetivos establecidos por la ley, entre los cuales se encuentra disminuir en un 49% las emisiones de cara a 2030 y en un 95% en 2050, respecto de 1990.

Con todos estos temas sobre la mesa, el primer ministro encargado de coordinar el nuevo Ejecutivo que resulte de los próximos comicios deberá reencauzar el país tras una de las peores crisis de su historia reciente mientras tendrá que lidiar con los retos históricos que siempre ha encarado esta pequeña nación, dibujada sobre el agua y con más bicis que personas. Si el pragmatismo de Mark Rutte, «ese hombre sin atributos», vuelve a alzarse vencedor, podría convertirse en el mandatario con más años al poder en la historia de la democracia en Holanda, en caso de que culmine su cuarta legislatura y supere así los doce años de presidencia del cristiano demócrata Ruud Lubbers (1982-1994). Ante tanta incertidumbre, solo parece haber una certeza: la polderpolitiek seguirá marcando el devenir de los Países Bajos. Sin ella, Holanda no sería Holanda.